Piden suspender subas en las tarifas de luz y gas en la Provincia
El diputado bonaerense (UCR), Gustavo Zuccari, solicitó al Poder Ejecutivo provincial que "declare la suspensión e inaplicabilidad de las resoluciones que dispusieron los aumentos y corrección de los cuadros tarifarios de los servicios de electricidad y gas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires (Decreto 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional y Resolución 741/08 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires)".
En ese contexto, el pehuajense manifestó que "esta medida ha sido adoptada por vía administrativa y resolutiva sin potestad jurídica suficiente: la facultad de fijar impuestos es competencia exclusiva y excluyente del Congreso (Art. 4 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional). Además, la capacidad de imponer multas en el territorio de la Provincia, es potestad exclusiva y conforma el poder de policía del Gobierno de la provincia, no delegado a la Nación y en ocasión del ejercicio federal de poder constitucionalmente contemplado (Preámbulo, art. 1, 5 y 121 C.N.)".
Al referirse al tema, Zuccari remarcó que "el gobierno provincial le está dando la espalda a la gente más humilde y carenciada de nuestro territorio bonaerense y mas allá de la flagrancia violatoria de la Constitución Nacional y el avasallamiento de la Constitución y autonomía Provincial, estos incrementos repercuten directa y perjudicialmente en el bolsillo de los consumidores y dejan en claro lo inoportuno de la medida al ser contrastada con el inestable contexto socio económico actual".
"La situación de ilegitimidad y falta de proporcionalidad que presenta la medida, agrava este asunto además de tornarlo abusivo, vulnerando principios consagrados constitucionalmente, atentando de esta manera contra el estado de derecho, las políticas de desarrollo de la provincia", concluyó el legislador.
"Tal medida – continúa explicando el proyecto de declaración del radical - se vuelve confiscatoria respecto del ingreso promedio de todo ciudadano bonaerense, más aún tratándose de aumentos de índole impositiva calificados resolutoriamente como "cargos tarifarios" por el decreto 2067/08 P.E.N y que no deberían ser aplicados tal cual han sido concebidos los mismos".
Entre sus fundamentos, la iniciativa parlamentaria señala que "la Provincia de Buenos Aires debe proveer a la defensa de los intereses de sus habitantes en carácter de ciudadanos y usuarios de servicios considerados públicos y como tales de interés general y estratégico para el funcionamiento y desarrollo del territorio provincial, su comercio e industria (Por imperio de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en concordancia con los artículos 1, 38, 45, 57, 103 inciso 1 y 13)".
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En ese contexto, el pehuajense manifestó que "esta medida ha sido adoptada por vía administrativa y resolutiva sin potestad jurídica suficiente: la facultad de fijar impuestos es competencia exclusiva y excluyente del Congreso (Art. 4 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional). Además, la capacidad de imponer multas en el territorio de la Provincia, es potestad exclusiva y conforma el poder de policía del Gobierno de la provincia, no delegado a la Nación y en ocasión del ejercicio federal de poder constitucionalmente contemplado (Preámbulo, art. 1, 5 y 121 C.N.)".
Al referirse al tema, Zuccari remarcó que "el gobierno provincial le está dando la espalda a la gente más humilde y carenciada de nuestro territorio bonaerense y mas allá de la flagrancia violatoria de la Constitución Nacional y el avasallamiento de la Constitución y autonomía Provincial, estos incrementos repercuten directa y perjudicialmente en el bolsillo de los consumidores y dejan en claro lo inoportuno de la medida al ser contrastada con el inestable contexto socio económico actual".
"La situación de ilegitimidad y falta de proporcionalidad que presenta la medida, agrava este asunto además de tornarlo abusivo, vulnerando principios consagrados constitucionalmente, atentando de esta manera contra el estado de derecho, las políticas de desarrollo de la provincia", concluyó el legislador.
"Tal medida – continúa explicando el proyecto de declaración del radical - se vuelve confiscatoria respecto del ingreso promedio de todo ciudadano bonaerense, más aún tratándose de aumentos de índole impositiva calificados resolutoriamente como "cargos tarifarios" por el decreto 2067/08 P.E.N y que no deberían ser aplicados tal cual han sido concebidos los mismos".
Entre sus fundamentos, la iniciativa parlamentaria señala que "la Provincia de Buenos Aires debe proveer a la defensa de los intereses de sus habitantes en carácter de ciudadanos y usuarios de servicios considerados públicos y como tales de interés general y estratégico para el funcionamiento y desarrollo del territorio provincial, su comercio e industria (Por imperio de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en concordancia con los artículos 1, 38, 45, 57, 103 inciso 1 y 13)".
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